Por Ricardo Reyes.
El anuncio del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero sobre la construcción de viviendas para maestros en las zonas serranas de Nayarit —específicamente en municipios como La Yesca, Del Nayar y Huajicori— ha generado más escepticismo que entusiasmo entre sectores educativos y comunidades rurales.
Si bien el mandatario presentó la medida como un avance para retener a los docentes en regiones de difícil acceso, críticos señalan que se trata de una solución cosmética que llega tarde y no aborda las causas estructurales del abandono docente en la sierra nayarita.
Las comunidades indígenas y rurales de la región serrana enfrentan desde hace décadas una crisis educativa crónica: altas tasas de deserción escolar, aulas multigrado con recursos escasos, infraestructura deficiente y, sobre todo, una rotación constante de maestros que evitan permanecer en zonas sin servicios básicos, con caminos intransitables durante la temporada de lluvias y salarios que no compensan el aislamiento y las dificultades logísticas.
En lugar de atacar estos problemas de fondo —mejores carreteras, conectividad, dotación permanente de materiales educativos, incentivos salariales reales o programas de formación continua adaptados al contexto indígena—, el gobierno opta por construir casas que, según fuentes cercanas al sector educativo, podrían beneficiar solo a un número limitado de docentes y cuya ejecución genera dudas por el historial de irregularidades en obras públicas durante la actual administración.
Diversas voces han alertado sobre presuntas anomalías en la ejecución de recursos federales para infraestructura en Nayarit, con millones de pesos bajo revisión por la Auditoría Superior de la Federación. En este contexto, el proyecto habitacional para maestros se percibe más como una estrategia de imagen que como una política seria de fortalecimiento educativo.
Organizaciones magisteriales y padres de familia en la sierra cuestionan: ¿de qué sirve una casa nueva si el maestro no cuenta con transporte seguro para llegar a la escuela, si la comunidad carece de luz eléctrica estable o si los niños siguen abandonando las aulas por necesidad de trabajar en el campo?
Mientras el gobernador destaca el anuncio como parte de su visión de “prosperidad compartida”, para muchos en las zonas más marginadas del estado se trata de otro proyecto que suena bien en conferencia de prensa, pero que difícilmente cambiará la realidad de una educación rural que sigue en estado de emergencia. La verdadera prueba no estará en el corte de listón de unas cuantas viviendas, sino en si los niños y niñas serranos logran, por fin, tener maestros estables y escuelas dignas todo el año. Por ahora, el balance es negativo: demasiado poco, demasiado tarde y con demasiadas dudas.
